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La Junta podría sancionar al Ayuntamiento de Marchena

La delegación provincial de Cultura de la Junta de Andalucía podría sancionar al Ayuntamiento de Marchena de probarse una denuncia ciudadana, según la cual el Consistorio habría promovido unos movimientos de tierra en la parte trasera de la Alcazaba sin haber mediado control arqueológico, lo que ha originado la aparición fortuita, según la denuncia, de ciertos vestigios arqueológicos.
Una inspectora de Cultura se personó en el lugar y se acordó abrir un expediente informativo desde el que investigar lo sucedido, así como paralizar de modo preventivo las obras. El delegado provincial de Cultura, Bernardo Bueno, estudiará el caso y pedirá explicaciones al alcalde, el socialista Luis Jiménez Gavira, a resultas de lo cual podría originarse un expediente sancionador si se confirma que ha habido negligencia en la actuación del Consistorio o, como afirman los denunciantes, presuntos daños contra el patrimonio arqueológico del lugar.

También se ha dado parte de lo acaecido al Seprona y al Ministerio de Cultura.

La Alcazaba, que comprende un complejo monumental del que forman parte la iglesia mudéjar de Santa María de la Mota (XIV), un convento de clarisas del XVIII que funciona como hospedería, restos del antiguo Palacio Ducal de los Ponce de León (del XIV al XVIII), de otro convento de capuchinos y un parque barroco, está rodeada por una cerca islámica que está declarada Bien de Interés Cultural. La zona en la que se ha actuado está comprendida justo dentro de este área de protección, de lo que se desprende que debería haber existido un mayor celo por parte del promotor en previsión de que pudieran aparecer vestigios.

En su sesión de hoy, los miembros de la Comisión Local de Patrimonio pedirán explicaciones al equipo de gobierno, y mañana la oposición lo hará en el Pleno del Ayuntamiento de Marchena.

La cuestión se agrava por las incongruencias mantenidas en su discurso por el alcalde, Luis Jiménez Gavira. El edil sólo habla de una mera "limpieza del terreno" para su adecentamiento, acción que viene motivada por las "reiteradas denuncias de la comunidad de vecinos del Picadero", la urbanización que se construyó en los años 80 a las espaldas de la Alcazaba y en la que, curiosamente, residen el alcalde y algunos concejales.

Sin embargo, las fotos revelan que ha habido algo más que una limpieza. Las imágenes muestran cómo se ha rebajado el nivel del terreno más de metro y medio, lo que dista mucho de la labor de higiene "para quitar madrigueras de ratas, culebras, matojos y escombros" alegada por Jiménez Gavira.

Todo ese volumen de tierra ha desaparecido y, con él, algunos restos arqueológicos que, según testigos, habían aflorado. Había cerámica, tegulas y estructuras que podrían haber pertenecido a contrafuertes con los que asegurar, en época islámica, la Alcazaba frente a la fuerte pendiente natural del terreno. Se habla incluso de la aparición de cierto material romano reutilizado y se especula con la aparición de un posible silo de grano de varios metros de profundidad. En suma, hallazgos que merecían la presencia de un arqueólogo que los valorase e impusiese las cautelas oportunas.

La lectura del alcalde es divergente. "Allí no han aparecido restos arqueológicos. Lo único que hay es un pozo que se ha vallado para evitar caídas. Pero hay quien ha visto tres ladrillos y unas tejas y le ha bastado para decir que estamos expoliando nuestro patrimonio. Y nada más lejos de la realidad, más aún cuando resulta que soy historiador y en nuestro ánimo está recuperar todo lo que se pueda", sostiene. Con respecto al evidente desnivel, luego de afirmar que no se había rebajado el terreno, matizó que "sí ha habido que levantarlo un poco".

el problema patrimonial. Se da la circunstancia de que Marchena es uno de los pueblos de Sevilla con pasado más rico, lo que contrasta con su situación. Posee un Plan Especial de Protección que abarca sólo aproximadamente un tercio de su casco histórico (el que coincide con el interior de su recinto amurallado en época almohade); el resto es tierra de nadie pese a su relevancia.

Además, el referido plan especial sólo incluye un catálogo de edificios singulares, pero no una carta de riesgo arqueológico que diga qué hacer en cada momento, con lo que cuando se produce una situación como la creada, quedan en evidencia las carencias del sistema. Agravado todo porque no existe la figura del arqueólogo municipal y porque la Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta no analiza ningún expediente de obras de Marchena, quedando así todo en manos de una Comisión Local no ducha en el protocolo arqueológico. A la hora de la verdad, las decisiones parten de la Concejalía de Urbanismo; más concretamente de su arquitecto municipal, que sí hay: Jesús Salvago.

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